En el día a día de una organización pueden surgir distintas situaciones que afectan el compliance. Entre las irregularidades más frecuentes se encuentran:
El compliance se refiere al cumplimiento de leyes, normas, regulaciones y políticas internas por parte de una empresa. En términos simples, busca que la organización y sus trabajadores actúen correctamente y dentro del marco legal.
Además, el compliance incluye procesos, controles y canales que permiten prevenir, detectar y corregir conductas indebidas. De este modo, la empresa puede reaccionar a tiempo frente a posibles incumplimientos.
En Chile, todas las empresas deben adoptar medidas de compliance conforme a la Ley 20.393 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.
La Ley 20.393 establece que las empresas pueden ser penalmente responsables por ciertos delitos cometidos por sus trabajadores o directivos, cuando estos se realizan en beneficio de la organización.
Actualmente, la normativa contempla principalmente:
Lavado de activos
Cohecho
Financiamiento del terrorismo
Por esta razón, implementar un sistema de compliance no solo es una buena práctica, sino también una medida de protección legal.
Esta ley aplica a:
Personas jurídicas de derecho privado
Empresas del Estado
Corporaciones y fundaciones sin fines de lucro
En consecuencia, cualquier organización debe evaluar su nivel de cumplimiento y adoptar medidas preventivas acordes a su realidad.
Cuando una empresa no cumple con la Ley 20.393, se expone a sanciones relevantes. Entre las principales se encuentran:
Disolución de la persona jurídica
Prohibición temporal o permanente de contratar con el Estado
Pérdida total o parcial de beneficios fiscales
Multas que van desde 200 hasta 20.000 UTM
Por ello, el compliance es una herramienta clave para evitar pérdidas económicas y daños reputacionales.
Una empresa puede eximirse de responsabilidad penal si demuestra que cumplió con sus deberes de dirección y supervisión.
Para ello, debe:
Designar un Encargado de Prevención de Delitos
Entregarle recursos y facultades suficientes
Implementar un Modelo de Prevención de Delitos que permita:
Identificar riesgos
Evaluarlos
Definir acciones
Monitorear y reportar
Supervisar el sistema de prevención
Certificar el modelo implementado
De esta manera, el compliance se transforma en una defensa efectiva frente a eventuales sanciones.
El 65% de los empleados ha presenciado al menos una falta en su lugar de trabajo.
Las empresas con equipos comprometidos aumentan su rentabilidad en un 23%.
El 59% de los trabajadores no se encuentra activamente comprometido.
Las sanciones pueden alcanzar hasta 20.000 UTM.
La Ley Karin se enfoca en prevenir y sancionar el acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo. En cambio, el compliance, regulado principalmente por la Ley 20.393, aborda la responsabilidad penal de las empresas.
Por lo tanto, ambas normativas se complementan y requieren controles internos claros, como un canal de denuncias efectivo.
ASPECTO |
LEY KARIN |
COMPLIANCE |
|---|---|---|
|
Tipo de casos |
Acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo |
Fraude, corrupción, soborno, conflictos de interés y faltas éticas |
|
Ley principal |
Ley 21.643 |
Ley 20.393 |
|
Enfoque |
Protección de personas |
Protección de la empresa |
|
Investigación |
Obligatoria y laboral |
Preventiva y penal |
|
Riesgo principal |
Laboral y administrativo |
Penal y reputacional |
Cumplir con la normativa legal vigente no solo es una obligación, sino también una oportunidad para fortalecer la organización. La Ley 20.393 exige a las empresas:
Contar con un canal de denuncias anónimo y seguro, como Moyetic, beneficia a toda la organización. De este modo, se fortalece la cultura ética, se incrementa la confianza del personal y se previenen incumplimientos legales.
Además, Moyetic permite:
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Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, con mención en Derecho Civil e Historia Contemporánea de la Pontificia Universidad Católica de Chile, año 2011. Título de abogado otorgado por la Excelentísima Corte Suprema, año 2013.
Diplomado en Derecho de Familia y Sociedad, Pontificia Universidad Católica de Chile, año 2013.
Diplomado en Litigación Administrativa, Pontificia Universidad Católica de Chile, año 2016.
Diplomado en Derecho Laboral Administrativo y Sancionador, Universidad de Chile, año 2017.
Ayudante en la Cátedra de Clínica Jurídica, Sección de Derecho Público, años 2010-2012 y 2017, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Curso de Estatuto Administrativo, Pontificia Universidad Católica de Chile (2020).
Curso de Especialización Obligación de Seguridad y Derecho del Trabajo, Universidad de Concepción (2021).
Actualmente cursando Magíster de Derecho Constitucional, Universidad de Talca.
